Durante la conferencia matutina del 23 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la Ley de Aguas y el impacto positivo que ha tenido tras sus recientes modificaciones.
La Presidenta destacó que el objetivo principal fue acabar con los privilegios al cerrar la transmisión de derechos del agua, además, contó con la presencia de Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y su equipo de trabajo, quienes ahondaron sobre los hallazgos referente a la antigua Ley de Aguas.
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La mandataria expresó que la nueva Ley de Aguas ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua y argumentó que es la primera vez que se entregarán los derechos de explotación de agua a municipios de Baja California (Tijuana, Mexicali y Rosarito), los cuales tenían que pagarle a un distrito de riego el agua para sus sembradíos.
“El distrito de riego que tiene agua gratuita para sembrar, ya sembraba poco pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, lo cual, con la nueva Ley de Aguas quedó prohibido, aseveró.
Impactos positivos de la nueva Ley de Aguas
En el marco del Día Mundial del Agua (22 de marzo) el titular de la Conagua presentó los impactos positivos para el país con la nueva Ley de Aguas y los agrupó en cinco aspectos más relevantes:
- Eliminar las transmisiones entre particulares: terminar con el mercado negro del agua
- eliminar los cambios de uso: esencialmente de agrícola que no tienen un costo se usen con fines de lucro
- terminar con el acaparamiento: se limita la cuota de garantía
- combatir el uso ilegal del agua: se dota de mayores facultades a la autoridad para el cuidado de las aguas nacionales
- justicia social: se reconocen los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas
Morales López, por su parte, explicó que en el caso de Zacatecas se otorgaron siete títulos de concesión y 12 aprovechamientos por un volumen superior a los 3,058,240 metros cúbicos anuales.
Cuando se tenía la práctica de las transmisiones los siete títulos de concesión se fueron transmitiendo para distintos usos del original que fue el agrícola; entre industriales, de servicios e incluso públicos y urbanos. Estos siete títulos se convirtieron en 50 y, considerando que el metro cúbico está en 18 pesos en esa zona, representó ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular.
“Con las reformas a la ley, estos derechos que amparan las concesiones ya no pueden ser transmitidos, ni tampoco las asignaciones, por lo que este tipo de prácticas dejarán de ser una constante”, agregó el director general de la Conagua.
Uno de los principales problemas que destacó Morales López que se generaron con el anterior sistema fue el de especulación con títulos de agua: en uno de los acuíferos más sobreexplotados del país, ubicado en la región del acuífero Laguna de Hormigas en Chihuahua, se otorgaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no existen.
Por su parte, la Presidenta de México, puso el ejemplo de si en dicho acuífero se permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya se le había entregado la concesión a alguien, otra persona ya no podía hacer uso del agua, porque ya había sido otorgada. A la persona que le dieron la concesión nunca lo usó, pero sí podía venderlo a otro; era la especulación del agua a pesar de que no se utilizara.
Otro de los aspectos que mencionó el encargado de la Conagua fue el de los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque se supone que son para generar alimentos pero que cambian de uso. En específico habló de la familia Calzada que son dueños de cinco títulos en Querétaro y tenían concesiones de agua para riego agrícola, pero realmente lo utilizan para otras actividades, como un Club de Polo, un desarrollo inmobiliario e incluso vendían pipas.
Actualmente, quienes cometen dichas clases de abuso, son acreedores a multas de hasta tres millones y medio de pesos, aunado a la clausura o eliminación de la concesión.
El titular de la Conagua explicó las nuevas sanciones sobre la perforación ilegal de pozos con el objetivo de vender agua en pipas. En la nueva Ley de Aguas se estableció que todo aquel que traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal, se le sancionará con prisión de hasta ocho meses y multa de hasta 28,285 pesos.
Además, las personas que, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y multa de hasta 234,620 pesos.
Para finalizar su participación, Efraín Morales López demostró que hubo un incremento de 3,492 millones de pesos en los pagos de derecho de agua en 2025, mientras que la meta para 2026 es aumentar en un 21%, lo que representa 6,300 millones de pesos aproximadamente.
